Las leyes de bandera roja, o Red Flag laws en inglés, fueron aprobadas por primera vez en el Estado de Connecticut en 1999. Desde entonces, otros 20 estados han adoptado leyes similares, incluyendo el estado de Florida tras el tiroteo de Marjory Stoneman Douglas en 2018. Tras otros incidentes graves, la eficacia de estas leyes y su ejecución se examinan de cerca.
¿Qué es una ley de bandera roja y cómo funciona?
Las leyes de bandera roja varían por estado, pero buscan en general quitar la posesión de armas de fuego a personas que son peligrosas y que se piensa tendrán más probabilidad de usar su arma para cometer un delito. Típicamente, lo que las cortes clasifican como una persona peligrosa es tener pruebas de inestabilidad mental o tendencias violentas basadas en circunstancias anteriores.
En estos casos, dice Spencer Cantrell, abogada y co-directora del centro nacional de recursos para las órdenes de protección de riesgo extremo, “el riesgo es tan extremo que es importante tomar acción y luego inmediatamente tener una audiencia”.
Esta órden de protección de riesgo extremo, o una ERPO por sus siglas en inglés, de la que Cantrell habla le da a los jueces la habilidad de ejecutar una orden sin tener audiencia para removerle las armas de fuego a una persona que consideran peligrosa, por hasta dos semanas en la mayoría de los estados con esta ley. Este tipo de ERPO tiene un componente en el que solamente los peticionarios y el juez interactúan usando solamente el punto de vista de los peticionarios. En la audiencia es donde se busca una ERPO final por un tiempo más largo, si la evidencia lo amerita.
Aunque estas leyes están basadas en que tiene que haber alguna prueba del peligro con sospecha razonable, los gobiernos estatales varían su criterio en quien puede empezar el proceso de la retirada temporal de armas.
En Florida, los policías son los únicos que pueden peticionar al juez para una ERPO En 16 estados, la familia también puede peticionar la remoción de un arma de fuego. La ley de California es la más liberal y permite a muchas más personas solicitar la remoción de un arma de fuego; los policías, los familiares inmediatos, alguien que está en una relación romántica o que comparte un hijo con la persona que está peticionando, compañeros de trabajo y empleadores, o maestros pueden empezar la petición.
El debate sobre las leyes:
Después del tiroteo masivo en Uvalde, Texas, donde 19 estudiantes y dos maestros fallecieron, miles de estadounidenses tomaron las calles para protestar a favor de un control más estricto de las armas de fuego. Entre las medidas bipartidistas exigidas – las leyes de bandera roja.
Como resultado, la administración del presidente Joe Biden aprobó una ley en 2022 que se llama el “Bipartisan Safer Communities Act”. La ley busca imponer mayores controles sobre el tráfico de armas y requerir licencias específicas para la venta de armas, extender fondos federales a la salud mental, establecer controles de antecedentes mejorados para los compradores menores de 21 años, designar más de mil millones para que las escuelas inviertan en la seguridad y proporcionar $750 millones para los servicios de intervención de crisis. Estos servicios incluyen la implementación de ERPOs. Pero con la aprobación de esta ley y más estados implementando medidas de ERPOs temporales vienen preocupaciones de violaciones a la constitución.
“Los problemas con las leyes de bandera roja es que hay una barrera significativamente más baja que se tiene que cumplir antes de que se revoque el derecho de armas a las personas", dijo Bill Sack, director de operaciones legales de la Fundación Nacional de la Segunda Enmienda, o SAF por sus siglas en inglés. “En muchas jurisdicciones, [la carga de prueba] puede ser alegaciones básicas hechas por una persona extraña o un vecino ”.
Otras organizaciones como la Asociación Nacional de Armas, o NRA por sus siglas en inglés y la Alianza de Policías Americanos también comparten las inquietudes de Sack. Muchos republicanos en el congreso han expresado sus objeciones sobre las leyes de bandera roja.
“Hay dos enfoques principales para el problema de la violencia de armas de fuego”, dijo el senador republicano Ted Cruz durante una audiencia en el Senado en contra del Bipartisan Safer Communities Act. “Uno es enfocarse en la gente mala. Es enfocarse en imponer más barreras a los que están comprando armas ilegalmente. El otro es enfocarse en ciudadanos respetuosos con la ley. Este enfoque no es constitutional”.
Según la ley de control de armas del 1968, una persona tiene que haber cometido un delito mayor, un delito menor que es violento o que sean punibles con un año de prisión, o estar mentalmente incompetente para ser vetada de la posesión de las armas de fuego. De acuerdo con las palabras de Sack, las leyes de bandera roja han cambiado este estándar al permitir la confiscación de armas sin ninguna audiencia.
Pero los demócratas y un creciente número de republicanos – 68% de republicanos – están a favor de ERPOs, según una encuesta tomada por la Universidad de John Hopkins en el 2023. El Senador Cruz admitió que a nivel estatal, se podría experimentar con estas leyes para ver su efectividad.
Desde el punto de vista de Isaiah Sloan, miembro de Students Demand Action, una organización compuesta de estudiantes que buscan soluciones para la violencia de armas de fuego, clarifica que es posible estar de acuerdo con la segunda enmienda y querer más seguridad acerca de las armas.
“Nuestra organización aquí en UF se está alejando de este estigma del control de armas de fuego. No estamos opuestos a las armas”, dijo Sloan. “Queremos promover la posesión responsable de armas”.
Además de aclarar que el propósito no es quitar los derechos garantizados por la segunda enmienda, muchos a favor de las leyes de bandera roja además dicen que no es tan fácil quitarle las armas a cualquier persona. Para el Detective Jose Toral, quien trabaja para el departamento de manejo de amenazas en el condado de Miami-Dade, administrar ERPOs es un trabajo que se hace con seguridad y evidencia en mente.
“(La ley) no es algo de lo cual estamos abusando”, dijo Toral. “Es una herramienta que usamos y sentimos que es muy efectiva como una opción para esos casos más extremos que haga falta”.
Más aún, los derechos en un caso civil como ese de leyes de bandera roja se diferencian un poco a los derechos en un caso criminal. Con esto, dice Cantrell, las ERPOs se pueden comparar con las leyes de prevención de violencia doméstica, que en la Florida permiten que una persona peticione para una protección temporal contra el acusado sin tener una audiencia. Cantrell aplica la misma lógica a las leyes de bandera roja.
“Instamos a los estados a que miren su ley de prevención de la violencia doméstica lo más que ellos puedan para que se refleje en las leyes de ERPO en cuanto al peso de la evidencia”, dijo Cantrell.
Fallas Y Éxitos:
Opositores como Sack, el SAF, y la NRA destacan que estas leyes no han funcionado en disminuir la tasa de homicidios en estos 21 estados, cuestionando la eficacia de la ley. Sin embargo, varios estudios demuestran que el promedio de suicidios ha bajado en varios estados que utilizan las órdenes de remoción temporal de armas de fuego. Este dato resalta más en Connecticut, donde por cada 10 a 20 ERPOs distribuidos, un suicido fue prevenido.
Un reportaje de PBS investigó la relación entre la salud mental y las armas de fuego. El mismo encontró que cuando no hay armas alrededor de una persona que es una amenaza para si misma hace la diferencia entre la vida o la muerte.
“La conexión entre el peligro de armas de fuego y suicidios no es algo que se ha discutido suficiente”, dijo la Doctora Emmy Betz, médico de emergencias en el Centro de Medicina Anschutz que pertenece a la universidad de Colorado.
Betz enfatiza que 9 de los 10 sobrevivientes de suicidio no atentan suicidarce de nuevo. Pero debido a la letalidad de las armas de fuego, casi 90% de las personas que atentan el suicidio resultan en muerte.
“La mayoría de la gente que atentan suicidarse están en una crisis temporal”, dijo Betz. “Las que han sobrevivido están agradecidas de haber sobrevivido. Tenemos que parar de ver (el suicidio) como una decison inevitable y personal”.
Con este razonamiento es que las ERPOs continúan siendo promovidas como una ley que puede salvar vidas – y aliviar la crisis de salud mental.
“Para nosotros, si la legislación ha salvado a por lo menos una persona, vale la pena”, dijo Sloan.
A su vez, SAF y otras organizaciones a favor de las armas destacan cómo los oficiales se han aprovechado de las leyes. En Maryland, Donald Willey, un veterano de combate condecorado de la Marina de Guerra estadounidense, tuvo que entregar sus armas por 12 días bajo una ERPO temporal. Por décadas, los funcionarios del condado de Dorchester multaron a Willey varias veces por quejas de infracciones mínimas de zonificación. Susan Webb, la funcionaria principal del condado, peticionó para la incautación de las armas de Willey alegando ser testigo de sus amenazas y mal comportamiento. Sin embargo no especificó qué hizo Willey para ser un peligro para él mismo u otros. Esto, de acuerdo al SAF, es un ejemplo de como las leyes fueron usadas y violaron la cuarta enmienda del debido proceso y también la segunda enmienda y el derecho constitucional a poseer un arma de fuego.
Leyes de Bandera Roja: Su Futuro
Tras varios tiroteos que han afectado escuelas y varios lugares públicos en los Estados Unidos, muchos estados han buscado fortalecer sus leyes que controlan el uso y la distribución de armas de fuego. En Septiembre, el gobernador de California aprobó un proyecto de ley requiriendo buen almacenamiento de armas, dando entrenamiento a policías que ejecutan las ERPOs, y le aumenta la libertad al gobierno para identificar a individuos peligrosos con armas.
En Florida, el futuro de estas leyes es inseguro. Desde su fuerte carta de apoyo en el 2019 donde el mismo se llamó “Un Miembro de la NRA y defensor de leyes de bandera roja”, Rick Scott, quien fue recientemente reelegido como Senador para la Florida, se ha apartado de la conversación. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está en contra de estas leyes, especialmente a nivel nacional.
Con el Bipartisan Safer Communities Act, el presidente Biden creó la primera oficina nacional en la historia para la prevención de incidentes con armas. Ahora, el presidente-electo Donald Trump desea quitar esta oficina, dejando la prevención de la violencia y control de armas en manos de los estados.
Estos acontecimientos dejan en la incertidumbre el futuro de las leyes de bandera roja, especialmente a nivel nacional. Pero con el 76% del pueblo estadounidense estando a favor de las leyes de bandera roja y un creciente número de estados adoptandolas, los defensores de las ERPOs ven un futuro lleno de esperanza. Por otra parte, los opositores desean buscar otros métodos para reducir la violencia de armas de fuego. Mientras tanto, los policías avisan que una de las mejores maneras de aumentar la seguridad en cada comunidad es que la gente exprese sus preocupaciones a las autoridades.
“Particularmente para la generación más joven, el problema más grande que enfrentamos es la gente robando las armas”, dijo el Teniente Ronald Bilyew de la oficina del alguacil en Jacksonville. “La policía no puede estar en todos los lugares a la misma vez. Yo sé que el concepto de delatar no es visto bien, pero la gente tiene que decir algo”.
Toral comparte la misma opinión.
“La policía estando involucrada no es automáticamente algo criminal”, dijo Toral. “No tiene que ir en esa dirección. Nosotros podemos traer los servicios a los que tenemos acceso. Si tienes alguna preocupación, llámanos a nosotros y con mucho gusto vemos si hay algo que se puede hace”’.
Para ver los reportajes realizados durante esta serie especial de las armas y su relación con la salud mental, visita este link.