Una barrera lingüística entre una detenida hispanohablante y un guardia de habla inglesa convirtió un pedido para ir al baño en un mes de confinamiento solitario en el Centro de Detención del Condado de Baker.
La instalación en Macclenny, ubicada a 60 millas al norte de Gainesville, es uno de los cuatro centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado.
Grupos comunitarios han criticado el centro en múltiples ocasiones acusando a los patrones de maltrato médico, condiciones poco higiénicas y otras violaciones de los Estándares Nacionales de Detención.
Nuevas denuncias presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Florida (ACLU, por sus siglas en inglés) y un ex-proveedor médico del centro (quien no se nombró para proteger su identidad) revelan que las barreras lingüísticas agravan estos problemas.
La denuncia de la ACLU relata la historia de una mujer de 33 años que fue verbalmente abusada por intentar comunicarse. El testimonio del denunciante sugiere que otros han experimentado lo mismo.
Un pedido para ir al baño
Según los documentos de la ACLU, una mujer hispanohablante llamada Ana (un seudónimo para proteger su identidad) llegó al Centro de Detención en mayo del 2023.
Poco después, mientras un guardia la guiaba afuera para un periodo de recreación, Ana dijo “bathroom” en inglés, explicando en español que necesitaba productos de higiene femenina. El oficial le dijo a Ana en inglés que no podía regresar a su celda y enumeró otros baños en el edificio.
Ana no respondió. Frustrado, el guardia comenzó a gritarle, atrayendo a más personal a la escena.
Según la queja de la ACLU, ninguno de los oficiales presentes le habló a Ana en español o intentaron usar un servicio de traducción.
La esposaron y la llevaron a una celda de aislamiento por desobedecer órdenes verbales, actuar de manera disruptiva e interferir con un miembro del personal.
En la celda de aislamiento, Ana volvió a pedir productos de higiene femenina.
No los recibió y su ropa se manchó de sangre.
Un oficial le dijo a Ana en inglés que estaría en la celda durante dos días, señalando con dos dedos. Ana, quien previamente había experimentado el tráfico humano, comenzó a tener un ataque de pánico. Golpeó a la puerta y rompió el rociador en un intento de llamar la atención del personal y obtener cuidado médico.
El personal trasladó a Ana a una nueva celda y, tras un procedimiento disciplinario, fue condenada a 30 días más de aislamiento. Un intérprete tradujo el procedimiento al español, pero Ana no recibió documentación de la sentencia en su idioma natal.
La salud física y mental de Ana se deterioró durante el mes siguiente.
Presuntamente, vomitó tras comer comidas podridas, sufrió reacciones a la piel por llevar ropa antihigiénica y, en una ocasión, fue restringida con el pecho expuesto por varias horas.
Según la denuncia, casi nunca recibió Ana información en español.
Según Amy Godshall, abogada de derechos de inmigrantes de la ACLU de Florida, cada interacción monolingüe fue una violación de los Estándares Nacionales de Detención de ICE. Esa política "requiere que las instalaciones de detención, como Baker, utilicen servicios de idioma para personas que no son hablantes nativos del inglés", dijo Godshall.
Al preguntarle por qué no se implementaron los estándares, Godshall respondió: “Buena pregunta. Debería haberse hecho.”
Un caso entre muchos
Godshall describió la cultura en el centro como obstinada, en la que el personal “realmente no se preocupa por entender” a las personas detenidas. El denunciante concordó.
A pesar de que ICE provee acceso 24/7 a servicios de interpretación por teléfono, los empleados presuntamente “a menudo se negaban” a utilizar el recurso, según el denunciante.
“En lugar de utilizar los servicios de interpretación disponibles, [el denunciante] observó a los guardias patear las puertas de las celdas, gritarles a los individuos que hablaran inglés,” según la denuncia.
Cuando el denunciante hablaba con pacientes que entendían poco inglés, utilizaba un servicio de interpretación que traducía y grababa la conversación. Ponía el número de la grabación en el archivo clínico del paciente pero sus superiores le pidieron que parara, “porque se podría utilizar en contra de Baker en un tribunal.”
La ACLU se enteró de la historia de Ana por medio del denunciante, haciendo posible que los abogados se conectaran con la detenida directamente, algo que Godshall señaló que era poco común.
“Es más fácil para una persona abogar por sí mismo en un centro de detención de ICE si habla inglés, entonces los que no lo hablan ya tienen una desventaja,” dijo Godshall. Incluso si logran conectar con un abogado, el miedo a las represalias puede prevenir que compartan su experiencia.
“Esto es solo una historia de un problema mucho más grande,” dijo Godshall. “Es una historia horrible y sucede todo el tiempo.”
Progreso en teoría, demoras en práctica
En Florida, casi el 30% de la población habla otro idioma que el inglés en su hogar.
El condado Baker no publica datos de los idiomas que hablan los detenidos en el centro, pero un análisis de la Universidad de Syracuse reveló que las cinco nacionalidades más representadas entre los detenidos saliendo del encierro fueron cubana, mexicana, jamaiquina, haitiana y hondureña, lo cual sugiere una alta prevalencia de idiomas extranjeros.
La ley obliga a ICE, como a todos las entidades que reciben fondos federales, a proveer “acceso significativo” a hablantes con un dominio limitado del inglés.
Según su sitio web, la agencia utiliza “servicios profesionales de interpretación oral y traducción que abarcan más de 200 idiomas, incluyendo idiomas indígenas.”
Su manual de detención está asequible en 18 idiomas además del inglés.
Sin embargo, cuando el personal de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional visitó el centro de Baker en enero de 2024, ninguno de los detenidos que entrevistaron habían recibido el manual en una idioma que comprendían.
La OIG dió por resuelto el asunto unos meses después, cuando el centro mostró fotos de copias digitales del manual en inglés y en español.
Un problema nacional
La falta de acceso lingüístico se extiende más allá del centro de detención en Baker.
Un reporte de 2023 de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional encontró que, con frecuencia, ICE fallaba en cumplir con su propia política de acceso lingüístico a nivel nacional.
“En los últimos cinco años, CRCL ha recibido 208 denuncias relacionadas con el acceso lingüístico, abrió 116 investigaciones, y expidió aproximadamente 118 recomendaciones a ICE relacionadas a los problemas de acceso lingüístico en sus instalaciones de detención,” dice el informe.
En respuesta a esta y a otras denuncias, el Departamento de Seguridad Nacional, que alberga a ICE, creó un plan de idiomas indígenas en febrero de 2024.
El intento del plan es de satisfacer las necesidades lingüísticas de un número creciente de hablantes de K’iche, Quechua, Mam, Mixteco y otras idiomas indígenas centroamericanas. El plan define ocho objetivos para mejorar el acceso lingüístico en el 2024-2025. Entre ellos están la grabación de mensajes en idiomas indígenas y el establecimiento de lazos con líderes de comunidades migrantes indígenas.
“Creo que, en primer lugar, es un buen paso que ICE esté intentando abordar este tema,” dijo Godshall. “Pero también creo que ICE necesita que sus instalaciones se hagan responsables de cumplir con sus políticas. Vemos en Baker, por ejemplo, que hay muchas políticas de ICE con las cuales Baker simplemente no cumple.”
La Oficina del Sheriff del Condado de Baker no respondió a una solicitud de parte de WUFT para hacer comentario.
Mike Mears, oficial de asuntos públicos de ICE, escribió en inglés a WUFT que la agencia no comenta sobre procedimientos o resultados de litigación pero que “está comprometida en asegurar que todos los que están bajo su custodia residan en entornos seguros y humanos bajo condiciones apropiadas de confinamiento.”
“Toda acusación de abuso u otra mala conducta se toma en serio y se investiga”, escribió Mears en un comunicado. “Si se confirma alguna de esas acusaciones, se toman las medidas adecuadas”.