A una semana de la primera audiencia, el juez federal del Distrito Norte de California, Edward Chen, concedió a la comunidad venezolana con el Estatus de Protección Temporal o TPS poder permanecer en los Estados Unidos.
“Es un alivio” dijo Cecilia González, una de las siete demandantes que iniciaron este proceso legal a finales de febrero y que ayer recibieron este fallo a su favor.
El juez Chen basa su decisión en que la acción de la secretaría de seguridad nacional amenaza no solo con hacer un daño a miles de personas y familias, sino también le va a “costar a los Estados Unidos miles de millones en actividad económica”.
Por otro lado, Kristi Noem, la secretaría de seguridad nacional y el gobierno tendrán una semana para apelar esta decisión. La eliminación de esta protección se fundamenta en el argumento de que era contrario al interés y a la seguridad nacional.
“Es muy triste como venezolanos volver a experimentar esta realidad de sentirse perseguidos, de andar con miedo” dijo Gonzalez. Pero luego de pasar por esta batalla legal ella dice que “nunca me había sentido tan orgullosa de ser venezolana como en este momento”.
El impacto de la decisión se sintió de inmediato entre los demás beneficiarios del programa, quienes han vivido meses de incertidumbre.
Victoria Plaza, estudiante de Emprendimiento en Miami Dade College y beneficiaria del TPS para venezolanos, se desahogó al escuchar la noticia.
"Fue un alivio cuando el juez bloqueó la decisión de Trump. Vivir con TPS ya es una situación llena de incertidumbre constante, y la idea de que puedan quitarte esa protección en cualquier momento es sumamente estresante".
Este sentimiento es compartido por muchos de los más de 300,000 venezolanos que son amparados por este programa, quienes han expresado su preocupación por la vulnerabilidad a la que están expuestos.
La decisión del juez es temporal y forma parte del inicio de lo que se puede convertir en una prolongada batalla legal. En la primera audiencia, se escucharon los argumentos de ambas partes: los demandantes a favor del TPS y la defensa del gobierno de EE.UU. Relató Von Richelman Ruiz, paralegal con 11 años de experiencia en el área de inmigración aquí en los Estados Unidos.
El enfatizó que “esto es una medida temporal, no es una medida definitiva y es apenas el inicio del juicio”.
No obstante, el juez aún puede decidir si extiende, mantiene o revoca la decisión del gobierno sobre la cancelación del TPS. "Es una medida temporal de la cual el juez todavía tiene la potestad de decidir finalmente", aclaró Ruiz.
El gobierno no puede emitir una nueva cancelación del TPS mientras exista el proceso legal de esta primera demanda. Sin embargo, podrían apelar la medida cautelar.
"El juicio no ha terminado, no puede existir una nueva cancelación porque todavía está en proceso", destacó el asistente legal.
El decreto del anterior secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, establece que los permisos de trabajo para beneficiarios del TPS se extienden automáticamente hasta el 4 de abril de 2026.
Sin embargo, de acuerdo con Richelman existe una confusión con la fecha del 7 de abril. La medida fue tomada a inicios de este año, en la que se intentó cancelar los efectos del TPS. En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció un plazo de 60 días para ejecutar la cancelación, la cual culmina el 7 de abril. Los permisos de trabajo emitidos para esta designación vencían el 4 de abril.
Es importante aclarar que el permiso de trabajo ha sido extendido automáticamente por un año, no por 18 meses. Para poder obtener la extensión total de 18 meses (es decir, el año de la extensión automática más seis meses adicionales), los beneficiarios deben solicitar la renovación ahora, junto con la reinscripción al TPS, explica Ruiz.
En cuanto al juicio que sigue en curso, los demandantes argumentan que la actual secretaria de seguridad nacional no tenía la potestad de revocar una decisión previa de otro secretario. Según Ruiz, este argumento es válido, pero advierte que una vez que finalicen los 18 meses de TPS, la nueva secretaria del DHS tendrá la autoridad de no extenderlo o revocarlo.