El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, explica a la prensa su decisión de acogerse al Titulo III de la Ley PROMESA (Foto: Prensa La Fortaleza)
Después de más de una década en recesión económica, Puerto Rico está en la quiebra.
El gobernador de isla, Ricardo Rosselló, anunció el miércoles 3 de mayo que solicitó acogerse a la protección del Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como la ley PROMESA, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente Obama el año pasado. Básicamente, dijo que la isla está en bancarrota. Con esta medida, Puerto Rico espera poder reestructurar su deuda pública, que supera los 73 mil millones de dólares.
“Esto es un esfuerzo que hemos trabajado, después de hacer los compromisos de tener el diálogo abierto y la comunicación clara con todos nuestros acreedores,” explicó Rosselló en una rueda de prensa. “Hemos llegado a esta conclusión porque entendemos que se defienden los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.”
Esta es la mayor solicitud de reestructuración de deuda pública en la historia de los territorios asociados de los Estados Unidos. Aunque algunas municipalidades en el país, como San Bernardino en 2012 y Detroit en el 2013 ya se habían declarado en bancarrota antes, su déficit no era tan alto. Además, Puerto Rico se encuentra en una posición única, ya que no posee soberanía y no es un estado, por lo que no puede recurrir al capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras.
Palacio de Santa Catalina, mejor conocido como La Fortaleza. Viejo San Juan (Foto: Dania Alexandrino/Noticias WUFT)
Titulo III
Desde el 2015, el gobierno de Puerto Rico ha sido incapaz de cumplir con los pagos de su deuda a los acreedores. La Ley PROMESA, que se convirtió en ley en junio de 2016, creó una Junta de Supervisión Financiera y Administración compuesta por siete miembros y cuyo propósito es vigilar las finanzas públicas de la isla. También funciona como el mediador entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno estadounidense.
Durante el último año, el gobierno de Puerto Rico había estado negociando con sus bonistas, con el fin de llegar a acuerdos sobre cómo pagar los préstamos, pero éstos “no se han logrado en la mayoría de los casos,” asegura Phillip Escoriaza, abogado y profesor de política internacional en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
La moratoria o “stay” establecida por PROMESA prevenía que durante este proceso Puerto Rico fuese demandado por los fiadores. Sin embargo, ésta venció el 1ro de mayo.
“El título tres le sirve al gobierno como un escudo ante estas demandas,” dijo Carlos Suárez-Carrasquillo, profesor de ciencias políticas en la Universidad de la Florida.
El título III es un recurso de PROMESA que le permite a la Junta de Supervisión Fiscal llevar a un tribunal especial un plan de reorganización de la deuda pública de la isla. Ese mismo miércoles la junta radicó la solicitud, y presentó el caso ante la corte del distrito federal de los Estados Unidos en Puerto Rico. La petición inicial sólo incluye la deuda del gobierno central, que ronda los 18 mil millones de dólares. El juez Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, nombró a Laura Taylor Swain del Distrito Sur de Nueva York, como la jueza federal encargada de administrar el proceso de quiebra.
Medios puertorriqueñosseñalan que el proceso de reestructuración de pagos sería similar a los parámetros establecidos por el capítulo 9 y el capítulo 11 de la Ley Federal de Quiebra.
“La junta, que es la que presenta la quiebra a nombre de Puerto Rico, tiene la responsabilidad de presentar un plan de ajuste de la deuda, para recomendar reducciones en lo que se debe y recomendar un plan de pagos,” dijo Escoriaza, agregando que será Swain, quien después de evaluar el programa y escuchar las críticas de los acreedores, decidirá cuál va a ser el descuento de la deuda, el plan de pagos, y cuáles bonistas tendrán prioridad.
El plan fiscal actual, aprobado por la junta en marzo y con una duración de 10 años, establece gastar alrededor de 800 millones de dólares anuales en pagos de deuda, lo que representa aproximadamente el 23 por ciento de los tres mil 500 millones que habría que pagar para que el gobierno sea solvente, dijo Escoriaza.
“Ya de por si el plan fiscal le está diciendo a la junta que hay que recortar cerca del 80 por ciento de la deuda,” agregó.
Consecuencias para los Puertorriqueños
La declaración de bancarrota no solo traerá consecuencias económicas para los acreedores, sino también para los puertorriqueños.
La isla ha estado pasando por una grave crisis económica desde hace años. Esta ha sido atribuida a varios factores, entre ellos el gasto desmesurado del gobierno Puertorriqueño, y ciertas leyes aprobadas por el Congreso estadounidense.
José Toral, economista de la Universidad de Puerto Rico, dice que en particular, la eliminación de Puerto Rico como un paraíso fiscal para ciertas industrias - incluyendo las farmacéuticas- a mediados de los noventa, causó que miles de empleos, empresas, bancos y dólares se fueran de la isla.
Además, las leyes de cabotaje establecidas por el Congreso desde 1920, que regulan el comercio marítimo con Puerto Rico han generado que los productos de la isla sean menos competitivos, y han elevado el costo de vida.
Datos del censo de los Estados Unidos muestran que actualmente cerca del 46 por ciento de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza. La tasa de desempleoes del 11.5 por ciento, casi tres veces más alta que la de los Estados Unidos.
Una puerta en un edificio abandonado pintada con la bandera en la Calle San José en el Viejo San Juan (Foto: Dania Alexandrino/Noticias WUFT)
En el último año, el gobierno ha tomado una serie de medidas de austeridad como parte del plan fiscal, que incluye recortes en varios sectores del gasto público. El proyecto para la reestructuración de la deuda, resultante de la declaración de bancarrota, podría traer aún más reducciones.
Expertos señalan que tres de los sectores que podrían ser principalmente afectados son los servicios provistos por los municipios, las pensiones de los retirados, y el sistema de salud.
“En Puerto Rico, el gobierno históricamente ha tenido un rol protagónico en proveer empleos y servicios, por lo que muchas personas dependen de ellos,” dijo Suárez Carrasquillo, añadiendo que la mayoría de estos son administrados por municipalidades. “Muchos gobiernos municipales se podrían ver imposibilitados de operar, y servicios que históricamente eran gratuitos o se pagaban a través de los impuestos ahora van a salir a flote.”
Suárez Carrasquillo dijo que algunos municipios podrían quedar insolventes, y algo tan cotidiano como la recolección de basura podría verse afectada.
La Calle Loiza en San Juan (Foto: Dania Alexandrino/Noticias WUFT)
De igual forma, el tribunal federal tendrá la responsabilidad de determinar los recortes para el sistema de pensiones, que actualmente se encuentra desfasado.
“Puerto Rico tiene un déficit actual adicional de casi 49 mil millones de dólares en su sistema de retiro,” dijo Escoriaza. “En algún momento del 2017, el sistema de retiro se va a quedar sin activos.”
El gobierno de Puerto Rico se ha comprometido a que cuando eso ocurra, ellos cubrirán las pensiones. El plan actual fiscal también fija una reducción escalonada de todas las jubilaciones mayores de $2000.
Escoriaza agrega que debido a los recortes y los impuestos establecidos, se estima que la economía no va a crecer sino hasta el año nueve de los diez señalados en el plan.
“Es una medicina más amarga todavía para los que dependen de su pensión” agregó Escoriaza. “Puerto Rico es una isla donde la mediana edad está aumentando, los jóvenes se están yendo, la gente está viviendo más años, por lo que el sistema de pensiones ha colapsado.”
Así mismo, el plan de salud de Puerto Rico depende en más de un 50 por ciento de fondos del gobierno federal, y cerca del 70 por ciento de los residentes se benefician de alguna forma u otra de Medicaid y Medicare. Bajo el presupuesto de este año, Puerto Rico sufrirá un recorte de 100 millones de dólares en su plan de salud.
Escoriaza señala que el plan fiscal actual también incluye una reducción de 35 por ciento en la nómina y en las operaciones del gobierno.
Naturalmente, esto ha generado descontento en Puerto Rico. Miles de personas en la isla participaron en una huelga general y salieron a protestar estas medidas el 1ro de Mayo, día internacional del trabajador.
La semana pasada, el Departamento de Educación de Puerto Rico anunció que cerraría 184 escuelas públicas en la isla al finalizar este año escolar. El gobierno busca rediseñar el sistema de educación para hacer más eficiente el uso de los recursos.
Expertos estiman que aún con la declaración de bancarrota, salir de la crisis no va a ser fácil.
“Todos somos más pobres,” dice Toral. “La clase media se ha ido reduciendo. Las propiedades han ido bajando, las pensiones son muy bajas. Estamos en una posición donde ya somos pobres y vamos a ser muchos más pobres.”
“Eso también lleva a una desigualdad muy grande,” agregó Toral.
Suárez-Carrasquillo señala que no se debe olvidar el papel que ha jugado Estados Unidos en la producción de esta crisis.
“La quiebra no solo denota las malas decisiones y las carencias que quizás ocurrieron en Puerto Rico, pero también denota el rol del Congreso,” dijo Suárez-Carrasquillo.
Según Toral, Puerto Rico no tiene las herramientas para generar un crecimiento económico, y va a ser muy difícil que la isla salga de la crisis sin ayuda de los Estados Unidos.
Este próximo 11 de junio se llevará a cabo un referéndum no vinculante, el quinto en los últimos 50 años. Los residentes de la isla decidirán si desean ser un estado de los Estados Unidos, si quieren ser independientes, o mantener su estado actual. Sin embargo, no hay ningún compromiso por parte del Congreso de los Estados Unidos de que aceptará los resultados.
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El 11 de junio la isla tendrá su 5to referendum de estatus, no vinculante.
Se estima que casi medio millón de puertorriqueños han abandonado la isla en la última década. Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, sólo en el 2015, cerca de 89 mil personas emigraron a Estados Unidos. El estatus de Puerto Rico como estado libre asociado permite el movimiento sin restricciones de las personas entre las dos naciones.
A pesar de la situación económica, muchos creen que esta reestructuración de la deuda va a ser positiva a largo plazo.
“Es como cuando explota una burbuja,” dijo Escoriaza. “Ahora todo el mundo tiene que vivir con las consecuencias del desastre que crearon administraciones pasadas.”
“Hay que verla como una oportunidad de reorganizarse, redefinirse, redirigir y reencaminar la isla hacia la posibilidad de que vuelva a ser próspera,” agregó.