Hoy en día los expertos en la lucha contra las drogas debaten si la mejor opción para eliminar problemas relacionados con drogas es atacar la oferta o la demanda.
Hace medio siglo Estados Unidos se decidió por atacar la oferta mediante la criminalización de su consumo y distribución desde 1971, cuando Richard Nixon declaró guerra contra las drogas.
Algo que lo que representantes de organizaciones como Project Sentencing y Drug Policy consideran inefectivo.
“No creo que haya sido eficaz para reducir el consumo de drogas, ni para reducir algunos de los resultados negativos para la salud por consumo de drogas”, dijo Nicole D. Porter, directora de promoción del Sentencing Project. “Solo ha servido para llenar en gran medida nuestras prisiones”.
Crash Barbosa es uno de los jóvenes que se ha visto afectado por la criminalización de las drogas. A pesar de no haber estado en prisión federal por ello, Barbosa cuenta que su persecución fue injusta. Además alega que hay muchas otras personas en la misma situación y que por no ser blancas, como él, no han corrido con su misma suerte de ser hallado inocente.
“Quiero decir, el fiscal de distrito estaba detrás de mí, tenían una orden para registrar mi casa y no encontraron nada ilegal. Me arrestaron de todos modos. Me arrestaron por tener medicamentos recetados que tomo para mi trastorno bipolar”, relató Barbosa.
También cuenta que durante los 3 años privado de la libertad mientras intentaba probar su inocencia ante la corte, fue testigo de las disparidades raciales que existen en el sistema judicial. A la vez señala que son estas disparidades las que han contribuido en gran medida a la sobrepoblación de las cárceles.
“Es una violación de los derechos humanos tras otra. Los tratan como agricultura humana. Y es de naturaleza muy racista. Y en estos días modernos, es como si aún se basaran en patrullas de esclavos", agregó.
Las patrullas de esclavos, eran entre otras cosas, una táctica para perseguir, aprehender y devolver a sus dueños, esclavos fugitivos.
En el 2008 la sobrepoblación de las cárceles alcanzó su punto máximo. Sin embargo, según la organización sentencing project, el Crime Bill de 1994 influyó en esto, ya que generó sentencias extremas que mayormente afectaban comunidades minoritarias.
La directora de la organización Drug Policy Alliance en California, Jeannette Zanipatin, señala que entre los factores que contribuyen a la sobrepoblación de las cárceles está el exceso de la presencia de la policía en lugares de bajo nivel socioeconómico.
“La policía hace over policing (patrullaje excesivo) en esas comunidades, sobre mandan las patrullas a esas comunidades entonces más y más tenemos el chance de que alguien va a ser arrestado”, dijo Zanipatin.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por Drug Policy Alliance en el 2019, el 46% de las personas condenadas a prisión federal estaban cumpliendo sentencia por un delito de drogas y más del 99% de estos estaban siendo condenados por tráfico de drogas.
“No es justo para nadie excepto para los ricos, el sistema esta muy desequilibrado y tiene prejuicios contra las comunidades de color y las comunidades que no son ricas, porque ¿por qué se preocuparían por ellos si los hacen ganar dinero?”, sentenció la directora.
La droga ilícita más popular en los Estados Unidos es la marihuana, según un reporte del 2019 del Centro de Adicción Americano, luego le siguen los opioides y la cocaína.
Sin embargo, aunque la tasa de consumo de cocaína entre la población afroamericana es mucho más baja que en el resto del país, es importante señalar que esta estadística incluye el consumo de cocaína en polvo y crack. Según otro estudio publicado por el Centro de Adicción Americano, los afroamericanos son más propensos a consumir crack que cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos.
Uno de los factores que Barbosa resalta en términos de disparidades en el sistema judicial es la ley conocida como el 1:100 radio. Esta ley federal de 1986 exigía una sentencia de 10 años para cualquier persona sorprendida con 50 gramos de crack, quienes usualmente eran de raza negra, mientras que para obtener una sentencia similar, un comerciante tendría que ser capturado con 500 gramos de cocaína en polvo, a pesar de ser la misma droga.
“Para ser claros, con un gramo de cocaína en polvo la persona puede ser arrestada por usar una sustancia ilícita, mientras que por un gramo de crack, la persona puede ser arrestada bajo cargos mucho más graves”, dijo Barbosa.
Este sigue siendo el caso a pesar de que el presidente Baraka Obama creó la Ley de Sentencia Justa, que disminuyó este radio considerablemente de 100:1 a 18:1.
John Ehrlichman, uno de los asesores principales de Nixon, admitió en una entrevista en el 2016 que la "Guerra contra las drogas" fue realmente una manera de mantener a la comunidad negra bajo control.
Actualmente, los afroamericanos son el segundo grupo etnico más prevalente de los Estados Unidos en cárceles federales según la oficina de prisiones o BOP por sus siglas en inglés.
Las estadísticas del 2019 de BOP muestran que la comunidad representa el 38.2% de los presos en prisiones federales, a pesar de que solo conforman el 13.4% de la población en Estados Unidos según el Census del 2020.
Sin embargo, Jeffrey Donfeld, uno de los oficiales que participó en la creación de las políticas contra las drogas, dice que esa no era la intención original.
“Queríamos identificarlos cuando ingresaban al sistema de justicia penal y redirigirlos hacia programas de desintoxicación y tratamiento”, aseguró Donfeld.
Pero Michael Fetzler, quien fue encarcelado brevemente y ahora trabaja como Coordinador de políticas de servicios legales para la organización de presos con niños, no está de acuerdo con estas alegaciones
“Por lo general, el tratamiento de salud mental funciona mejor cuando estás en un lugar seguro, te sientes cómodo y puedes abrirte un poco”, indicó Fetzler. “Rechazo esa narrativa de que encerrar a alguien es la mejor manera de obtener recursos de salud mental”.
Según Prison Policy, un estudio en el 2014 encontró que del 30% al 60% de los hombres en las cárceles estatales tenían trastorno de estrés postraumático, en comparación con el 3% al 6% de la población masculina en general.
“Tenemos una sociedad enferma que realmente necesita cuidados. Y en su lugar nos están dando oficiales de policía del ejército sin capacitación en salud mental”, concluyó Barbosa.